Se ha publicado el Reglamento 2023/1781, conocido como la Ley de Chips, con el objetivo de movilizar 43.000 millones de euros en inversión pública y privada, con una aportación de 3.300 millones del presupuesto europeo.
El nuevo Reglamento, que entró en vigor el 21 de septiembre, busca reforzar la base industrial y de investigación en microelectrónica dentro de la Unión Europa, para reducir su vulnerabilidad y dependencia de agentes extranjeros, además de crear oportunidades de negocio y puestos de trabajos de calidad.
La nueva legislación pretende crear un ecosistema para las inversiones en chips en Europa, reconociendo su importancia crítica, acelerando los procedimientos de autorización y especialmente impulsando el diseño de semiconductores en la Unión Europea, con un mayor apoyo a la mediana y pequeña empresa, y estableciendo también un mecanismo de emergencia frente a crisis de suministro.
Paralelamente el 21 de septiembre también ha entrado en vigor el Reglamento sobre la Empresa Común de Chips, con el objetivo de reducir la brecha entre la investigación y las actividades industriales, facilitando la transferencia tecnológica a las empresas europeas.
A nivel nacional, se ha creado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip), liderado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
